Estados Unidos deportó a 25 mil 447 personas a terceros países hasta el 31 de agosto de 2026, mediante acuerdos establecidos con 35 naciones. La información fue revelada por una investigación de Forbidden Stories y un consorcio internacional de periodistas, que documentó que estos migrantes fueron enviados a países con los que no necesariamente tenían vínculos. El gobierno estadounidense destinó 410 millones de dólares para facilitar este programa.
México fue el principal receptor de estas deportaciones, al recibir alrededor de 20 mil personas, equivalentes a casi 79 por ciento del total. El resto de los migrantes fue enviado a otros países de América Latina, África y el Pacífico, mientras Estados Unidos concretó acuerdos adicionales con varias naciones. Las condiciones de los convenios varían, incluyendo las nacionalidades que pueden ser aceptadas y la posibilidad de recibir personas con antecedentes penales.
La investigación también señala que la Oficina de Remigración del Departamento de Estado, creada en mayo de 2025, estuvo involucrada en buena parte de las negociaciones y pagos. Entre los países que aceptaron deportados se encuentran Camerún, Palau y Esuatini, algunos de los cuales recibieron recursos económicos vinculados con estos acuerdos. Del presupuesto destinado al programa, 81 millones de dólares fueron asignados directamente a gobiernos firmantes.
El programa ha generado cuestionamientos sobre las condiciones en las que permanecen los migrantes enviados a terceros países. Investigaciones previas de la AFP señalaron que algunas personas podrían quedar en situaciones de incertidumbre jurídica en naciones con las que no tienen vínculos. Organismos de la ONU también participan mediante fondos estadounidenses; mientras la OIM defendió su participación bajo el argumento de mejorar las condiciones de los migrantes, el ACNUR aseguró que no forma parte de los acuerdos bilaterales y que utiliza los recursos para fortalecer los sistemas de asilo.
