La Procuraduría General de la República (PGR) de Brasil solicitó este martes la condena del expresidente Jair Bolsonaro por cinco delitos relacionados con el presunto intento de golpe de Estado en 2022, según presentó el fiscal general Paulo Gonet ante el Supremo Tribunal Federal (STF). Gonet acusó a Bolsonaro de liderar una “organización criminal armada” para mantenerse en el poder, incluso después de su derrota electoral.
La Fiscalía describe un plan sistemático que habría implicado presionar a los mandos militares, orquestar un decreto presidido a la ilegalidad institucional, movilizar a simpatizantes y emplear recursos estatales para difundir desinformación electoral.
Este complot, según Gonet, se manifestó en cinco cargos concretos: organización criminal, intento de abolición violenta del Estado democrático, golpe de Estado, daño calificado al patrimonio público y deterioro del patrimonio histórico.
En su alegato, el fiscal sostuvo que Bolsonaro no solo no frenó los atentados del 8 de enero de 2023, cuando sus seguidores violaron edificios públicos en Brasilia, sino que los alentó tanto moral como logísticamente. También se acusó al exmandatario de maniobrar para neutralizar instituciones como el STF y el Tribunal Superior Electoral.
El juez relator Alexandre de Moraes ya había aceptado la denuncia en marzo, señalando que existen “indicios razonables” de que Bolsonaro lideró esa red criminal. El proceso judicial se encuentra, por tanto, en fase final, con el juicio pautado para los próximos meses y una decisión esperada en septiembre.
De ser declarado culpable, Bolsonaro podría enfrentar más de 40 años de prisión y quedar inhabilitado políticamente. Estos castigos son comparables a los máximos previstos por los cinco delitos imputados.
En contraste, su defensa niega toda imputación, alegando que la acusación es parte de una “persecución política” y asegura que Bolsonaro actuó siempre “dentro de las cuatro líneas de la Constitución” según declaraciones recogidas tras la presentación oficial del documento.
El escándalo también alcanza a ex altos cargos de su gobierno y altos mandos militares, incluidos exministros, generales retirados y el exjefe de inteligencia Alexandre Ramagem. La posible condena de más de 40 años se sumaría a la inhabilitación política de Bolsonaro hasta 2030, con un panorama electoral restringido en caso de sentencia definitiva antes de 2026.
En los próximos pasos, Moraes citará al teniente coronel Mauro Cid —ex ayudante de Bolsonaro y colaborador decisivo— para presentar su informe en el plazo de 15 días. Posteriormente, la defensa de los demás acusados dispondrá también de 15 días para sus alegatos finales, antes de que Moraes someta el caso a la sala colegiada del Supremo para su sentencia definitiva.
Esta acción de la Fiscalía coincide con tensiones diplomáticas: el presidente estadunidense Donald Trump vinculó el juicio de Bolsonaro a la imposición de aranceles del 50 % a las importaciones brasileñas, calificando la causa como una “caza de brujas” El País.
El caso ha polarizado a Brasil. Sus partidarios denuncian una persecución política, mientras que sus detractores ven en la denuncia un acto necesario para preservar la democracia. Hace un año, Bolsonaro quedó inhabilitado por ocho años tras la sentencia del Tribunal Superior Electoral por abuso de poder durante el magnicidio de campañas electorales, y ahora enfrenta un juicio penal aún más serio.
El proceso judicial avanza con pasos decisivos hacia una posible sentencia histórica. Si el STF confirma su culpabilidad, Brasil enfrentaría el primero de los episodios más graves en su historia reciente: castigar a su expresidente por intento de golpe.
