Tres semanas después de la agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela perpetrada el 3 de enero y que terminó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa, dentro y fuera del país un tema se ha posicionado en el centro del debate público: la reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, propuesta por el presidente Hugo Chávez en 2006 y que garantiza el carácter nacional de la industria petrolera del país sudamericano.
Durante la presentación de la memoria y cuenta del gobierno ante la Asamblea Nacional el 15 de enero, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, entregó al Parlamento una propuesta de reforma parcial a la ley y explicó que entre los objetivos está “blindar” normativamente el modelo de los Contratos de Participación Productiva, concebidos mediante la aplicación de la Ley Antibloqueo, que han permitido consolidar inversiones en la industria petrolera incluso bajo el régimen de medidas coercitivas unilaterales impuesto por Estados Unidos.
Precisó que la reforma permitirá “nuevos flujos de inversiones” que serán dirigidos a la explotación de campos verdes, es decir, yacimientos aún no explotados en el país.
El jueves 22 de enero la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión el texto de la reforma. A partir de ese momento se desarrolló la consulta pública mediante encuentros con trabajadores del sector petrolero y con empresarios nacionales y extranjeros vinculados al área de hidrocarburos. Luego la propuesta volverá a la Cámara para ser discutida y aprobada.
¿Cuáles son los cambios que se proponen? La Jornada tuvo acceso al texto de la propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos y de ese material se extrajeron las modificaciones fundamentales que explican el giro que se proyecta en la industria de un país que por 100 años ha dependido de la renta petrolera para dinamizar la economía.
