Nueve meses después de que se presentó el plan C de reformas constitucionales, que incluía la extinción de los órganos autónomos, la Cámara de Diputados aprobó en lo general su eliminación.
Con 347 votos de la mayoría oficialista y 128 de la oposición, los legisladores terminaron con la agonía del Inai, la Cofece, el IFT, la CRE, la CNH, el Coneval y Mejoredu, cuyas funciones y recursos materiales y humanos serán trasladados a distintas secretarías y entes del gobierno federal, entre ellas la futura Agencia para la Transformación Digital.
Legisladores de Morena, PT y PVEM celebraron la reforma como el entierro de estructuras “neoliberales” que sólo respondían, dijeron, a intereses económicos privados. Para Olga Sánchez Cordero, el dictamen plantea disminuir costos onerosos para el erario y abre la posibilidad de que “el diseño institucional de nuestro país regrese al equilibrio entre libertad comercial y ejercicio de ciudadanía, como es el caso de nuestros dos socios comerciales de la región”.
PAN, PRI y MC rechazaron la reforma al advertir que la extinción de los siete organismos es un retroceso en el ejercicio de los derechos humanos, la democracia, la libre competencia y la rendición de cuentas, por lo que se afectará la relación con Estados Unidos y Canadá.
Así se repartirán las funciones de los organismos autónomos:
El Inai será absorbido por la Secretaría Anticorrupción.
La CNH y CRE pasarán a la Secretaría de Energía; el Coneval, al Inegi.
A la SEP, el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación.
La Cofece, a Economía, y el IFT, a Comunicaciones y Transportes.
