La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó una condena de entre 20 y 40 años de prisión para el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos, en un caso relacionado con el llamado “huachicol fiscal”. La acusación sostiene que participó, junto con otros implicados, en una red dedicada a importar combustible de manera ilegal y evadir el pago de impuestos.
De acuerdo con la investigación, la presunta operación se realizó mediante un esquema de simulación que involucró al menos 11 empresas, utilizadas para ocultar el origen y destino del combustible. La FGR afirma que estas compañías permitieron introducir hidrocarburos al país con documentación irregular y causar un daño millonario al erario.
Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público presentó los datos de prueba para sustentar la imputación y mantener la medida de prisión preventiva contra Ruffo y otros presuntos involucrados. La defensa del exmandatario ha rechazado las acusaciones y sostiene que demostrará su inocencia durante el proceso judicial.
El caso ha generado un amplio debate político debido a que Ernesto Ruffo fue el primer gobernador de oposición en la historia moderna de México. Mientras las autoridades aseguran que la investigación se basa en pruebas y busca combatir el contrabando de combustibles, integrantes de la oposición consideran que el proceso tiene motivaciones políticas y exigen que el juicio se desarrolle con imparcialidad y apego a la ley.
