Con el respaldo de todas las fuerzas políticas, el Senado avaló el fortalecimiento de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para que auxilie a la Presidencia de la República en materia de seguridad nacional; coordine a los tres niveles de gobierno en labores de inteligencia contra el crimen y audite los fondos federales que se entregan a los gobernadores y alcaldes para el combate a la inseguridad.
Desde la tribuna del Senado, todos los grupos parlamentarios destacaron los aspectos positivos de la reforma constitucional. Aunque PRI y Movimiento Ciudadano plantearon modificaciones para evitar incongruencias entre disposiciones constitucionales, Morena rechazó hacerle cambio alguno.
Aprobada con 121 votos unánimes, la reforma establece que “la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a la secretaría del ramo de seguridad pública del Ejecutivo federal, a la Guardia Nacional y a las policías, en el ámbito de su competencia, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función”.
Ordena que “los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines. Estos fondos serán auditados y su debido ejercicio vigilado por el Sistema a través de su Secretariado Ejecutivo”.
Son tres los fondos con dinero federal que se entregan a estados y municipios.
El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) distribuyó este año un total de nueve mil 201 millones 670 mil 196 pesos. El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal ejerce distribuye en este año 116 mil 967 millones 47 mil 652 pesos y el Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública tuvo una bolsa concursable de 64 millones 818 mil 178 pesos.
Dado que se trata de dinero de la federación, la ASF se encarga de verificar el uso que se hace en los estados y municipios de todo el dinero que se les entrega por medio de estos Fondos, pero ahora también lo hará la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana a cargo de Omar García Harfuch.
Dispone que “el Sistema contará con un Secretariado Ejecutivo, el cual podrá ampliar las bases, emitir acuerdos y lineamientos, así como realizar las acciones necesarias para lograr la homologación de estándares y criterios, así como una coordinación eficiente, transparente y responsable, en el ejercicio de las atribuciones concurrentes de los tres órdenes; en todo momento en atención a los fines del Sistema y los objetivos de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública”, dice.
Ordena que la Secretaría del ramo de seguridad pública formulará, “coordinará y dirigirá la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, así como los programas, las políticas y acciones respectivos; auxiliará a la persona presidenta de la República en el ejercicio de las funciones en materia de seguridad nacional.
