El Gobierno de México, rechazó el intento unilateral del estado de Texas de reclamar como propias nueve islas ubicadas en el río Bravo, en la frontera entre México y Estados Unidos.
La controversia surgió luego de que Dawn Buckingham, comisionada de Tierras de Texas, anunciara que dichos territorios, localizados entre Laredo y McAllen, pasarían a formar parte de su jurisdicción y podrían ser utilizados por las fuerzas de seguridad para realizar labores de vigilancia y combatir presuntas actividades ilícitas.
Ante esta situación, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) respondió que ningún gobierno estatal tiene facultades para modificar los límites territoriales entre ambos países.
La dependencia recordó que el Tratado de Límites de 1970 establece que la frontera internacional en el río Bravo sigue el centro de su cauce normal, por lo que la soberanía de las tierras debe determinarse conforme a los acuerdos internacionales y no mediante decisiones unilaterales de las autoridades texanas.
Asimismo, la Cancillería señaló que la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) es el único organismo facultado por México y Estados Unidos para aplicar los tratados y determinar a qué país corresponde cada isla. También advirtió que ninguna de las dos naciones puede realizar obras que alteren o desvíen el flujo natural del río sin la intervención correspondiente de dicha comisión.
Por su parte, Texas argumentó que su decisión busca facilitar las operaciones de seguridad fronteriza, aunque reconoció que no ha confirmado actividades delictivas en esos territorios.
Finalmente, el Gobierno mexicano aseguró que dará seguimiento puntual a cualquier acción que se realice en la zona y reiteró su compromiso con la defensa de la soberanía nacional, el respeto al derecho internacional y el diálogo bilateral. El conflicto representa un nuevo episodio de tensión en la relación fronteriza entre México y Estados Unidos, particularmente por las decisiones del gobierno texano en materia de seguridad y control territorial.
La postura mexicana deja claro que la delimitación de la frontera no puede quedar a criterio de una autoridad estatal, sino que debe resolverse mediante los mecanismos y tratados establecidos entre ambas naciones.
