Gildardo López Astilló alias El Gil, testigo estrella de la fiscalía del Caso Ayotzinapa desde 2020 y hasta ayer, identificado como “Juan” fue detenido este jueves en la Ciudad de México e ingresado ayer viernes al penal federal El Altiplano, en Almoloya de Juárez, a unos días de que se cumplan 10 años del caso.
López Astudillo, identificado como uno de los líderes del grupo delictivo Guerreros Unidos, implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el 26 y 27 de septiembre de 2014, estaba prófugo desde mayo pasado
En el Registro Nacional de Detenciones, aparece el nombre de Gildardo López Astudillo, de 1.75 metros de altura, complexión media y cabello corto, y está bajo el estatus de “en traslado” a una ubicación que no ha sido revelada hasta el momento.
Personal de la Fiscalía General de la República (FGR) acudió el jueves 5 de septiembre de 2024 a un inmueble en Santa Martha Acatitla para cumplimentar orden de aprehensión por el delito de delincuencia organizada en su modalidad contra la salud y fomento en la causa 07/2016.
Desde 2020, cuando López Astudillo se convirtió en “Juan”, la Fiscalía del Caso Iguala le entregó un pago en efectivo, le renta un sitio donde vivir, además cuenta con escolta y chofer.
El 18 de mayo de 2024, este diario publicó que la jueza Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, había negado un amparo de la justicia federal que López Astudillo buscó desde el 12 de marzo de 2024.
Con esta resolución, López Astudillo, quedó a merced de la justicia federal por delincuencia organizada. Lo que se cumplimentó ayer.
El Gil, que se convirtió en testigo protegido desde 2019, a instancias del entonces subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas y Omar Gómez Trejo, fiscal del caso Ayotzinapa, es el responsable de haber llevado las investigaciones federales hacia los militares.
Gran parte de las bases de investigación que el actual gobierno ha desarrollado en la búsqueda de los 43 normalistas se basa en los dichos de López Astudillo, que en la estructura de Guerreros Unidos era conocido como El Gil o El Cabo Gil, además de ser señalado como jefe de Guerreros Unidos en la plaza de Cocula, localidad en donde está el basurero, donde de acuerdo a la llamada verdad histórica de la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR), un número de entre 12 y 17 estudiantes de Ayotzinapa fuero cremados.
López Astudillo fue detenido el 16 de septiembre de 2015, casi un año después de la desaparición de los 43 normalistas. En junio de 2018 fue absuelto del delito de delincuencia organizada; un amparo lo puso a salvo de del secuestro de los estudiantes. El 24 de agosto de 2019 recuperó su libertad merced a la resolución del Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas; El Gil fue uno de los detenidos por la PGR, que fueron torturados, aunque no era inocente.
Uno de los acuerdos para convertirse en testigo protegido y no iba a ser perseguido en la medida que sus dichos fueran susceptibles de armar pruebas que llevaran a pistas del paradero de los normalistas. Cosa que por los resultados de estos años de investigación no ocurrió.
Uno de los testimonios de López Astudillo que han causado más polémica es que efectivos del 27 Batallón de Infantería llevaron hasta sus instalaciones a uno de estudiantes y que los militares los entregaron a integrantes de Guerreros Unidos.
En el contexto del fin de su estatus de testigo protegido, el 30 de mayo pasado, este integrante de Guerrero Unidos, reclamó a través de un juez federal que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctima (CEAV) le reconozca su carácter de “víctima” de violaciones graves a sus derechos humanos.
El Gil, reclamó ser beneficiario del fondo de ayuda, asistencia y reparación integral, regido por la Ley General de Víctimas. Los conceptos que López Astudillo demanda le proporcione el Estado Mexicano vía la CEAV, es alojamiento en hotel de hasta mil 500 pesos por noche; alimentación -desayuno, comida y cena por 900 pesos-, traslados aéreos y terrestres; hospitalización, servicios de atención mental, ambulancia, medicamentos y gastos funerarios.
El Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, que desahogó el expediente 401/2024, remitió la solicitud de amparo de El Gil a un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.
En su resolución, el Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal declaró su “incompetencia” para atender al acto reclamado por López Astudillo para ser reconocido como víctima, “ya que le corresponde conocer de la misma a un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en esta ciudad, pues se advierte que el acto reclamado es de naturaleza administrativa y se lo atribuye a la Titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Martha Yuriria Rodríguez)”.
El nuevo arresto de El Gil, en poco o nada cambiará las investigaciones de búsqueda de los normalistas a 10 años de su desaparición en Iguala, Guerrero.