En 36 propuestas tan sólo del área de Fiscalización, que incluyen el uso de IA, desaparición de secreto ministerial, interoperabilidad con SAT, UIF, CNBYV, SHCP, ASF y otras autoridades, entre otros temas, el INE priorizó el poder garantizar la integridad de los comicios, ante elecciones cada vez más costosas y de creciente presencia del crimen organizado.
Lo anterior, para disminuir el riesgo de que la competencia electoral se defina por la capacidad de inyectar recursos opacos en las campañas y no por la voluntad ciudadana.
Entre las propuestas centrales están el reducir el uso de efectivo, cerrar espacios a la triangulación y detectar de manera temprana esquemas de financiamiento paralelo.
El INE plantea también reforzar la coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera, el SAT y la Fiscalía General de la República, para que la información fiscal, bancaria y penal pueda cruzarse de forma sistemática en investigaciones electorales.
La intención es que el dinero de procedencia ilícita no sólo genere sanciones administrativas, sino consecuencias penales efectivas.
En materia de sanciones, la propuesta del INE plantea un viraje de fondo: dejar atrás un esquema centrado casi exclusivamente en multas económicas para avanzar hacia consecuencias que realmente impacten la validez de las elecciones y la permanencia de los actores infractores en el sistema.
De manera expresa, el documento propone “incorporar causas de nulidad” vinculadas a los resultados de la fiscalización, de modo que conductas graves no queden en simples castigos administrativos.
En la propuesta 27 se señala que, además de las causales ya existentes, “podrían incluirse nuevas causas relacionadas con los resultados de la fiscalización de los recursos, como la del rebase de topes, aportaciones de entes gubernamentales o partidos políticos o de otras fuentes ilícitas”.
En el mismo sentido, el documento busca cerrar los márgenes de impunidad frente a la ocultación deliberada de información financiera.
La propuesta 23 plantea armonizar la ley con los criterios del Tribunal Electoral en los casos Salgado y Morón, para ampliar y precisar el catálogo de sanciones por la “falta de entrega del informe de ingresos y gastos de precampaña”, de forma que la omisión no se resuelva únicamente con multas, sino con consecuencias acordes a la gravedad de impedir la fiscalización efectiva del origen y destino del dinero.
