En Chiapas, cerca de 2 millones de personas, es decir, una de cada tres, dependen total o parcialmente de sistemas comunitarios para tener acceso al agua, señaló Margarita Vizcaíno, activista y vocera.
“Aunque durante años se habló de una cobertura cercana al 90%, datos más recientes muestran que menos de la mitad de los hogares tiene una toma de agua en su vivienda y que sólo cuatro de cada 10 reciben agua todos los días, ante esta situación son las propias comunidades a través de comités, patronatos y asambleas, las que organizan operan y mantienen los sistemas de agua”.
Esto significa que garantizar el derecho humano al agua y saneamiento en Chiapas es técnicamente inviable si la nueva Ley de Aguas no reconoce ni fortalece los sistemas comunitarios, por lo que instó a las autoridades a seguir armonizando la legislación actual en la materia.
“Desde la Alianza Aguas Comunes y la Red Más Agua Chiapas, planteamos que las reformas a la ley de aguas de Chiapas, en el marco de su armonización a la ley general de aguas, debe reconocer formalmente a estos sistemas fortalecerlos con capacitación, asistencia técnica y financiamiento y construir una verdadera corresponsabilidad entre comunidades y gobierno. La gestión comunitaria no sustituye el Estado, pero sí es fundamental para garantizar el derecho humano al agua en muchas zonas rurales e indígenas del Estado de Chiapas”.
Y es que este esfuerzo colectivo histórico no puede continuar en el olvido institucional, sino que debe ser respaldado formalmente en la ley con presupuesto y fortalecimiento técnico, ya que es un actor clave.
Notinúcleo / Alejandra Orozco Ardines
