La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó presuntos esquemas de triangulación y simulación de operaciones con recursos públicos en los gobiernos de Nuevo León y Sinaloa, como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2025.
De acuerdo con el organismo fiscalizador, se identificaron transferencias de dinero público a empresas proveedoras que posteriormente canalizaban los recursos a otras compañías y a cuentas bancarias de personas físicas y morales presuntamente relacionadas con familiares o personas cercanas a servidores públicos.
Durante la presentación de la segunda entrega de informes individuales de auditoría en la Cámara de Diputados, el titular de la ASF, Aureliano Hernández Palacios, explicó que las investigaciones permitieron reconstruir las rutas del dinero y detectar patrones que podrían indicar operaciones ilegales. Sin embargo, aclaró que todavía se realizan los cálculos para determinar el posible daño al erario y que, por respeto al debido proceso, no es posible revelar todos los detalles ni señalar responsabilidades individuales mientras continúan las indagatorias.
En el caso de Nuevo León, las investigaciones identificaron transferencias millonarias del gobierno estatal a constructoras, comercializadoras y empresas de servicios, cuyos recursos posteriormente llegaron a un despacho jurídico relacionado con familiares del gobernador Samuel García.
En Sinaloa, la ASF encontró contratos de obra pública adjudicados a una constructora constituida por familiares del exgobernador Rubén Rocha Moya, la cual habría recibido depósitos superiores a los montos correspondientes a sus trabajos y realizado movimientos de dinero entre distintas cuentas, además de pagos a un exfuncionario de Finanzas.
La Auditoría Superior de la Federación señaló que continuará con las investigaciones para establecer los montos involucrados y determinar si existió un daño a las finanzas públicas.
Asimismo, advirtió que, una vez documentadas las irregularidades, se promoverán los procedimientos administrativos correspondientes o se presentarán denuncias ante la Fiscalía General de la República cuando existan elementos de posibles delitos. El organismo aseguró que las indagatorias se desarrollarán conforme a la ley y sin distinción del partido político al que pertenezcan los funcionarios involucrados.
