Un tribunal de El Salvador condenó a 28 integrantes de pandillas a penas individuales que superan los mil años de prisión por delitos como narcotráfico, lavado de dinero, homicidios, extorsión y agrupaciones ilícitas. Las sentencias forman parte de los juicios colectivos impulsados por la Fiscalía para procesar a estructuras criminales vinculadas con la Mara Salvatrucha (MS-13).
Las autoridades señalaron que los condenados participaron durante años en actividades delictivas que afectaron a diversas comunidades del país. De acuerdo con la investigación, además de operar redes de narcotráfico, estuvieron involucrados en asesinatos, cobro de extorsiones y otras acciones relacionadas con el crimen organizado.
Estas condenas se enmarcan en la estrategia de seguridad del presidente Nayib Bukele, quien desde 2022 mantiene un régimen de excepción para combatir a las pandillas. Bajo esta política, más de 90 mil presuntos integrantes de estos grupos han sido detenidos y trasladados a centros penitenciarios de máxima seguridad.
El gobierno salvadoreño sostiene que las medidas han permitido reducir significativamente la violencia y desarticular organizaciones criminales. Sin embargo, organismos nacionales e internacionales de derechos humanos han expresado preocupación por las detenciones masivas y las restricciones a garantías fundamentales durante la implementación del régimen de excepción.
