Jorge Mario Pardo Rebolledo, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, admitió a trámite la controversia constitucional que presentó Javier Corral, gobernador de Chihuahua, quien impugnó la Ley de Seguridad Interior.
Por acuerdo del ministro, se ordenó notificar a las cámaras de Diputados y Senadores, y al Poder Ejecutivo Federal, señalados como autoridades responsables en las demandas, para que rindan su informe dentro del plazo de 30 días hábiles posteriores al siguiente al en que surta efectos la notificación.
Además de la demanda promovida por el gobierno de Chihuahua, la Corte recibió controversias constitucionales presentadas por los municipios de Soltepec, en Puebla, y Morelia y Cherán, en Michoacán, también en contra de la Ley de Seguridad Interior. En el caso de estas tres últimas, no se ha dictado aún el acuerdo correspondiente.
