A pesar de que en México el matrimonio infantil está prohibido por la legislación, las uniones tempranas continúan afectando principalmente a niñas y adolescentes de comunidades indígenas. Un análisis de datos censales de 2020 revela que 19 por ciento de las adolescentes indígenas se encontraba casada o unida antes de cumplir los 18 años, una proporción muy superior a la registrada entre adolescentes afrodescendientes y aquellas que no pertenecen a estos grupos.
Los estados del sur y norte del país concentran algunos de los principales focos de esta problemática. Entre las entidades señaladas se encuentran Chiapas, Tabasco, Guerrero, Michoacán, Sonora y Chihuahua, mientras que Nayarit presenta algunos de los porcentajes más elevados entre niñas y adolescentes indígenas. El fenómeno está relacionado con factores como la pobreza, la desigualdad, las barreras para acceder a la educación y la falta de servicios públicos y mecanismos de protección.
Las consecuencias también impactan directamente en la educación y las oportunidades de las adolescentes. De acuerdo con los datos analizados, solamente 23 por ciento de las niñas y adolescentes de 12 a 17 años que alguna vez estuvieron unidas asistía a la escuela, frente a 90 por ciento de sus pares solteras. Además, seis de cada diez no estudiaban ni tenían un empleo remunerado, situación que profundiza la dependencia económica y la desigualdad.
La persistencia de estas uniones demuestra que la prohibición legal no ha sido suficiente para erradicar el problema. Organismos como UNICEF advierten que el matrimonio infantil está asociado con abandono escolar, embarazos durante la adolescencia, violencia y mayores condiciones de vulnerabilidad para las niñas. Por ello, especialistas plantean que la atención debe ir más allá de las leyes y considerar políticas públicas de prevención, educación, protección social y acceso efectivo a servicios para las comunidades más vulnerables.
