Algo muy grave está pasando en las cabezas de algunos servidores públicos quienes piensan y sienten que un nombramiento político los hace personajes intocables con licencia para atropellar los derechos de terceros y de paso, embolsarse millonarias cantidades de dinero de los presupuestos públicos.
Curiosamente esto les ha sucedido en el presente trienio a diversos alcaldes y exalcaldes de todos los partidos políticos que no solo han manchado las siglas de esas instituciones, sino que además, han trasgredido la ley.
La lista es muy larga, pero los casos más recientes han documentado por ejemplo al expresidente de Huixtla, José Luis Laparra Calderón, quien ya es conocido en las redes sociales como #LordHummer, luego de que enfureció al ser sujeto a una revisión en un retén policiaco ubicado en el municipio de Tuzantán, quien no conforme con su molestia, lanzó amenazas a los agentes ministeriales a quienes les mostró una credencial sin vigencia, de cuando fue delegado de gobierno en el año 2014.
El otro caso muy sonado de hace unos días, fue el de Héctor Gómez Grajales, quien en cuestión de horas se le vino abajo su teatrito en Chiapa de Corzo como presidente municipal cuando se descubrió que su policía municipal estaba implicada en el secuestro de migrantes y de paso, todo Chiapas se enteró que su hermano gemelo era ni más ni menos que el jefe de la policía, implicado en ese caso, cuando la ley le impide a cualquier funcionario darle chamba a sus más cercanos familiares.
Así que algo tendrán que hacer los partidos políticos de cara a los procesos de selección de candidatos del 2018 para garantizar mayor eficiencia de quienes ostenten algún cargo y verdaderamente dignifiquen el servicio público, porque de tranzas, la sociedad está harta…
