El panorama de la seguridad digital ha alcanzado una dimensión crítica para la economía mexicana y la integridad de sus instituciones financieras. De acuerdo con el más reciente reporte del Centro de Denuncias de Delitos en Internet (IC3) de el Buró Federal de Investigación (FBI), México ha escalado posiciones hasta convertirse en el segundo receptor mundial de transferencias bancarias internacionales fraudulentas.
El Informe sobre Delitos en Internet 2025 recién presentado detalla que, bajo diversas modalidades de engaño, los ciberdelincuentes han encontrado en el sistema financiero nacional un puerto de llegada estratégico para capitales de procedencia ilícita, superando a naciones con infraestructuras financieras tradicionalmente vulnerables en la región asiática.
“México recibió mil 782 transferencias de dinero de víctimas de estafadores por internet, después de que estos les dieran instrucciones para realizar depósitos en el extranjero”, señala puntualmente el informe anual de la agencia estadunidense.
Esta cifra posiciona al país únicamente detrás de Hong Kong, desplazando a naciones como Vietnam, Indonesia y Canadá. Los datos reflejan una sofisticación sin precedentes en las rutas del dinero, donde los grupos criminales transnacionales aprovechan la interconectividad bancaria mexicana para triangular fondos obtenidos mediante esquemas de fraude de inversión y suplantación de identidad corporativa.
A escala global, el reporte del IC3 correspondiente al ejercicio 2025 revela una crisis de escala multimillonaria que no parece tener techo: “Las pérdidas totales por ciberdelitos ascendieron a los 20 mil 800 millones de dólares, lo que representa un incremento alarmante de 26% respecto al año previo”, afirmó José A. Pérez, director de Operaciones de la Rama Criminal y Cibernética del FBI.
El FBI es enfático en su diagnóstico al declarar que “el fraude relacionado con inversiones volvió a ser el principal componente de estas pérdidas, con un aumento de 65% respecto al año anterior, seguido de cerca por el fraude por correo electrónico empresarial (BEC)”.
Para la economía mexicana, esta alza global se traduce en una presión directa sobre sus mecanismos de prevención de lavado de dinero (PLD), al ser un destino preferente para la dispersión y “lavado” de estos activos antes de ser integrados al sistema legal.
