La comercialización de la tortilla en las grandes ciudades y poblaciones de nuestro estado se ha convertido en una competencia desleal poco beneficiosa para los consumidores.
Los industriales del ramo recurren constantemente a los ajustes de precio del alimento básico y a estrategias que en nada favorecen en cuanto a higiene y legalidad en el pesado del producto.
Los precios van desde 8 pesos en muy contadas excepciones, hasta 15 pesos por kilogramo.
La modalidad de convertir en ambulante el negocio, con la venta casa por casa a través de motociclistas que han adaptado una hielera en la parte posterior de su “caballo de acero”, es motivo de análisis.
En primer lugar desde muy temprano empiezan a recorrer las calles con el consecuente ruido por el uso indiscriminado del claxon. Trastocan la paz de los hogares y evitan el descanso tranquilo de quienes cumplen con jornadas agotadoras de trabajo todos los días.
En segundo término, está comprobado que venden kilos incompletos y en condiciones no muy confiables porque las amas de casa desconocen en qué condiciones se empaqueta el producto para su venta.
Pero el origen del problema en el costo no es nuevo; se inicia desde la desaparición de la compañía nacional de subsistencias populares, la famosísima Conasupo, cuando simultáneamente se acabaron los precios de garantía para la compra de cosecha a los campesinos y para la venta destinada a la industrialización. Desde entonces, las autoridades se “lavaron las manos” e intervienen poco en la elaboración y venta del producto.
Los gobiernos tecnócratas de los años 80 y el posterior pacto comercial entre Estados Unidos, Canadá y México, acabaron con los sueños de los productores del campo que ahora viven en la miseria y le pegaron directo al estómago de la clases media y popular del país, por eso padecemos lo que hoy tenemos…
