El feminicidio de Thalía del Rocío “N”, joven madre de 31 años, sacudió a la capital chiapaneca por la brutalidad con la que fue asesinada y por la indiferencia institucional que, de haberse evitado, pudo haberle salvado la vida.
La mañana del sábado 20 de septiembre, habitantes de la colonia Terán alertaron a las autoridades sobre restos humanos hallados dentro de un contenedor en la 5ª Norte y 3ª Oriente, una de las zonas más pobladas de Tuxtla Gutiérrez. Horas después, otras partes del cuerpo fueron localizadas en un punto cercano. La confirmación estremeció a la comunidad: se trataba de Thalía.
La Fiscalía General del Estado informó que el responsable es Ciro “N”, esposo de la víctima, detenido tras las primeras diligencias. De acuerdo con la investigación, él mismo habría abandonado los restos frente a su domicilio.
Pero para su familia, la detención llega demasiado tarde. Thalía había denunciado en al menos tres ocasiones violencia familiar e intentos de agresión por parte de su pareja. Sus llamados de auxilio fueron ignorados por las autoridades.
“Si la hubieran protegido, hoy estaría con vida”, denunció una de sus hermanas, quien también exigió un alto a la revictimización mediática que reduce su historia a morbo y especulación, borrando su vida.
En Chiapas, el feminicidio se castiga hasta con 100 años de prisión. Ese es el castigo que pide la familia.
El caso de Thalía no es aislado. De acuerdo con organizaciones feministas, en lo que va del año ya suman 26 feminicidios en Chiapas. Cada caso revela cómo la violencia machista, sumada a la omisión institucional, sigue cobrando la vida de mujeres pese a las alertas de género y protocolos que existen en el papel, pero que en la práctica fallan.
Sus familiares y colectivos feministas advierten: no basta con una detención; es urgente que el Estado deje de ser omiso y garantice que las denuncias por agresiones no queden en un papel.
Informa: Issa Maldonado
