Aunque aún no inicia formalmente el periodo electoral, en diversas comunidades ya se perciben movimientos que han encendido las alertas. Acciones y campañas disfrazadas de apoyo social comienzan a multiplicarse, generando dudas sobre si se trata de ayuda genuina… o de promoción anticipada.
Siendo algunas de estas iniciativas utilizan recursos y estructuras institucionales para posicionar figuras o nombres, lo que podría rebasar los límites legales. Más que una labor de respaldo al pueblo, estas acciones empiezan a interpretarse como estrategias de visibilidad política adelantada.
Ante este panorama, el Instituto Nacional Electoral ha sido claro: los servidores públicos deben apegarse a la ley y actuar dentro de los marcos establecidos. La promoción institucional está permitida, siempre y cuando no esté orientada a beneficiar directa o indirectamente a una persona con aspiraciones políticas.
Cuando la línea entre información institucional y promoción personalizada se desdibuja, la ciudadanía tiene un papel clave. Cualquier irregularidad puede y debe ser denunciada, especialmente si se percibe el uso indebido de recursos públicos o la intención de posicionar a un candidato fuera de los tiempos legales.
Para Notinucleo Víctor Pérez
