La Cámara de Diputados aprobó en lo general diversas modificaciones constitucionales impulsadas por el gobierno federal, entre ellas medidas para impedir la participación de candidatos vinculados con el crimen organizado y limitar la injerencia extranjera en procesos electorales. La propuesta también contempla aplazar hasta 2028 la elección de jueces, magistrados y ministros, prevista originalmente para 2027.
El dictamen fue respaldado por legisladores de Morena, PT y PVEM, mientras que partidos de oposición criticaron que no se corrigieran fallas de la reforma judicial previa. Entre los cambios discutidos destaca la creación de mecanismos de verificación de perfiles de aspirantes a cargos públicos, con participación de autoridades financieras, de inteligencia y procuración de justicia, a fin de detectar posibles vínculos con actividades ilícitas.
La iniciativa forma parte del rediseño electoral promovido por la presidenta Claudia Sheinbaum, que busca fortalecer la fiscalización de campañas y reforzar controles sobre el financiamiento político. El debate continuará en el Senado, donde se prevé una discusión polarizada debido a las críticas de la oposición sobre los alcances de la reforma y sus posibles efectos en el sistema democrático mexicano
