La crisis política y social en Bolivia se agravó con el incremento de bloqueos carreteros que ya suman alrededor de 150 puntos en distintas regiones del país, afectando el suministro de alimentos, combustibles y medicamentos. Las protestas, encabezadas por sectores campesinos, sindicales e indígenas, mantienen paralizadas varias rutas estratégicas mientras continúan las exigencias de renuncia contra el presidente Rodrigo Paz.
En medio de la tensión, la Asamblea Legislativa aprobó modificaciones legales que facilitan la declaratoria de estado de excepción, lo que permitiría ampliar la intervención de fuerzas de seguridad para contener las movilizaciones. Además, continúan los enfrentamientos entre manifestantes y policías en carreteras y zonas urbanas, particularmente en La Paz y Cochabamba, donde se han reportado detonaciones de dinamita y uso de gases lacrimógenos.
El gobierno responsabilizó al ex presidente Evo Morales de impulsar las protestas y advirtió que enfrentará procesos judiciales, mientras organismos internacionales y gobiernos de la región pidieron privilegiar el diálogo y evitar una escalada de violencia. La situación económica también se ha deteriorado por la escasez de combustible, inflación y desabasto, factores que han incrementado el descontento social en el país
