El Senado de la República aprobó esta semana la muy discutida, llevada y traída, Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y de Responsabilidades Administrativas, en las cuales incluyó la iniciativa de Ley 3 de 3, que no es otra cosa que una propuesta popular y ciudadana que permite la intervención directa del pueblo en la propuesta y adopción de medidas legislativas.
Las sesiones previas a la votación final, estuvo “plagada” de discusiones a favor y en contra, entre las fracciones parlamentarias PRI-Verde y PAN-PRD, respectivamente.
Sin embargo, al final se aprobó como lo plantearon los primeros, quitando a los funcionarios, legisladores, jueces, ministros, dirigentes sindicales y en general a los servidores públicos, la obligación de publicitar sus declaraciones: patrimonial, de intereses y fiscal, que son el espíritu y que dieron nombre a la Ley 3 de 3.
En otras palabras se eliminó la obligación del servidor público de dar a conocer sus ingresos, sus propiedades, vehículos y cuentas bancarias.
Los senadores que votaron en contra argumentaron que la ley aprobada fue en “versión light… descafeinada” que no abona al combate de la corrupción, por temor -de quienes la aprobaron-, a que el pueblo se entere de lo mucho que tienen unos cuantos…una reforma simulada con la que se engaña a los mexicanos.
Los que estuvieron y votaron a favor, como suele ocurrir, echaron de inmediato “las campanas al vuelo”, resaltando las supuestas bondades y omitiendo lo malo, cuando en realidad debería darles vergüenza legislar para seguirse protegiendo unos a otros.
Las discusiones y el resultado final, nos habla de que, como siempre los legisladores son de “mucho ruido y pocas nueces” y que por supuesto se olvidan que se deben a la ciudadanía que los eligió y a quien deberían representar dignamente.
De sobra está decir, que esas leyes que aprobaron están enmarcadas en el Título Cuarto, Artículos 108 al 114 de la Constitución General de la República respecto a las Responsabilidades de los Servidores Públicos y que si se aplicara al pie de la letra, no habría necesidad de tanta perdedera de tiempo y tantas “alharacas” por parte de diputados y senadores.
Ah, pero prefieren seguir “parchando” y “jugueteando” a conveniencia nuestra Carta Magna… como en este caso, elaborando una Ley Anticorrupción a todas luces amañada y convenenciera, que traducido a términos llanos y sinceros, debería llamarse: ¡Ley de la Impunidad!
Hasta el siguiente comentario.
