Con penas de hasta 42 años de prisión, las comisiones del Senado han concluido los cambios a la nueva ley contra la extorsión. Este nuevo instrumento jurídico busca castigar a grupos como los montachoques, cárteles que cobran derecho de piso, extorsionadores telefónicos desde prisiones, y falsos o auténticos elementos policiales.
El dictamen, que se prevé sea aprobado hoy en comisiones, establece que la pena de prisión por el delito de extorsión será de un mínimo de 15 y un máximo de 25 años. No obstante, incluye agravantes que pueden incrementar la condena desde tres hasta 17 años adicionales, sumando hasta 42 años para quien, en el delito de extorsión “emplee violencia física o moral para exigir el cobro de un daño, derivado de un hecho de tránsito provocado de manera intencional, independientemente de que se haya o no obtenido el lucro o beneficio derivado de esta acción”.
Asimismo, establece de 10 a 20 años de cárcel a policías, ministerios, jueces o custodios que, conociendo un acto de extorsión, se abstengan de denunciarlo.
Además, se sancionará con hasta 30 años de prisión a cualquier autoridad penal que facilite extorsiones desde un centro de reclusión, y con hasta 12 años a quien introduzca dispositivos electrónicos (como teléfonos inteligentes) a penales.
Ley antiextorsión pone freno a montachoques
Los castigos van de 15 a un máximo de 25 años, pero los agravantes podrían disparar las penas hasta 42 años; se sancionará el cobro de piso y extorsión desde los penales.
Con penas que van de 15 hasta 42 años de cárcel, comisiones del Senado concluyeron los cambios a la nueva ley contra la extorsión, que castiga a montachoques; a los cárteles que cobran derecho de piso; a quienes llaman desde las cárceles para pedir rescates y a auténticos o falsos elementos policiacos, entre otros que extorsionan a los ciudadanos.
La nueva ley dispone que se castigará hasta con 20 años de cárcel a los policías, ministerios públicos, fiscales, custodios y jueces que no denuncien los actos de extorsión que conozcan.
“Se aplicará pena de 10 a 20 años de prisión y multa de 200 a 400 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización a la persona servidora pública que, teniendo atribuciones en materia de prevención, investigación y persecución de los delitos, así como de procuración o impartición de justicia o de vigilancia y custodia en los centros penitenciarios, se abstenga de denunciar ante el Ministerio Público, o en caso de urgencia ante la policía, la comisión de cualquiera de los delitos previstos en esta ley, en los términos de lo previsto por el párrafo segundo, del artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales”, advierte.
Y establece prisión de hasta 12 años a quien introduzca a un centro de reclusión teléfonos inteligentes o cualquier dispositivo electrónico que permita la realización de llamadas o la transmisión de imágenes, así como hasta 30 años de cárcel a cualquier autoridad penal que permita las condiciones para realizar extorsiones desde el interior de un centro de reclusión.
El dictamen, que comenzó a circular ayer para que sea aprobado hoy por las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos, establece que la pena de prisión por el delito de extorsión será de un mínimo de 15 años y un máximo de 25 años.
Pero contiene agravantes que agregan desde tres hasta 17 años, para sumar hasta los 42 años de prisión para quien, en el delito de extorsión, “emplee violencia; emplee violencia física o moral para exigir el cobro de un daño derivado de un hecho de tránsito provocado de manera intencional, independientemente de que se haya o no obtenido el lucro o beneficio derivado de esta acción.
