El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó iniciar esta semana operativos coordinados entre la autoridad migratoria y la Policía para identificar, detener y deportar a migrantes que se encuentren en situación irregular. La instrucción establece como prioridad a quienes cometan delitos y, posteriormente, a las personas que no hayan regularizado su situación migratoria. El mandatario afirmó que no permitirá la migración ilegal y defendió una política centrada en priorizar a los ciudadanos colombianos.
La medida genera especial preocupación entre la población venezolana, que constituye el principal grupo migrante en Colombia. De acuerdo con las autoridades migratorias, hasta junio de 2026 había alrededor de 2.8 millones de venezolanos en el país, de los cuales más de 527 mil se encontraban en situación irregular. Esto significa que cientos de miles de personas podrían quedar expuestas a procesos de detención y deportación bajo la nueva política anunciada por el gobierno.
El endurecimiento de la política migratoria representa un cambio respecto de la postura que Colombia había mantenido durante la última década, cuando se convirtió en el principal destino de los venezolanos que abandonaron su país debido a la crisis económica y política. Tradicionalmente, sectores de la derecha colombiana habían respaldado políticas de acogida para esta población, aunque el nuevo gobierno ha adoptado un discurso más restrictivo y cercano a la política de “Primero Estados Unidos” promovida por Donald Trump.
Además de la estrategia migratoria, el gobierno de De la Espriella ha intensificado los operativos de seguridad contra grupos armados y organizaciones dedicadas al narcotráfico. El presidente informó que más de mil 500 personas han sido detenidas desde que asumió el cargo el pasado 7 de agosto, entre ellas integrantes de disidencias de las FARC y del Clan del Golfo. En este contexto, las autoridades buscan vincular la política de deportaciones con el combate a la delincuencia, aunque la decisión coloca a cientos de miles de venezolanos en una situación de incertidumbre sobre su permanencia en Colombia.