El gobierno de Estados Unidos anunció una nueva ofensiva política y judicial contra el exmandatario cubano Raúl Castro, a quien busca responsabilizar por el derribo de dos avionetas de la organización “Hermanos al Rescate” ocurrido en 1996. El caso, que dejó cuatro personas fallecidas, es considerado uno de los episodios más tensos en la relación entre Washington y La Habana en las últimas décadas. La acusación forma parte de una estrategia impulsada por la administración de Donald Trump para endurecer la presión contra el régimen cubano.
De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, el Departamento de Justicia prepara cargos formales contra Castro, quien en aquel entonces era ministro de Defensa de Cuba. Investigaciones recientes y grabaciones difundidas en medios internacionales apuntan a que el exlíder habría dado la orden de derribar las aeronaves cuando sobrevolaban aguas internacionales. Analistas consideran que el proceso tendría un fuerte impacto simbólico y político debido al peso histórico de Raúl Castro dentro de la revolución cubana.
La medida ocurre en medio de una profunda crisis económica y energética en Cuba, agravada por nuevas sanciones y restricciones impuestas por Washington. Paralelamente, funcionarios estadounidenses han insistido en exigir reformas democráticas y elecciones libres en la isla, mientras sectores del exilio cubano celebran la posible imputación como un acto de justicia histórica. El gobierno cubano, por su parte, considera estas acciones como una agresión política destinada a desestabilizar al país
