La Secretaría de Hacienda y Crédito Público endureció las medidas para prevenir y detectar operaciones relacionadas con el lavado de dinero mediante nuevas reglas publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Las disposiciones están dirigidas principalmente a empresas y personas físicas que realizan actividades consideradas vulnerables, como juegos con apuestas, comercialización de vehículos, operaciones inmobiliarias, venta de joyas y metales preciosos, así como subastas de obras de arte.
Uno de los principales cambios es la obligación de aplicar un enfoque basado en riesgos para evaluar y clasificar a clientes y usuarios en niveles bajo, medio o alto. Además, se reforzará la identificación del beneficiario controlador y de las personas políticamente expuestas. Las empresas también deberán actualizar sus manuales internos de prevención y capacitar anualmente a su personal para mejorar la detección de operaciones que puedan representar un riesgo.
Las nuevas disposiciones contemplan también el uso de sistemas automatizados capaces de monitorear operaciones en tiempo real, acumular montos, identificar comportamientos inusuales y generar alertas de riesgo. La entrada en vigor será gradual: el acuerdo comenzará a aplicarse de manera general el 30 de noviembre de 2026, mientras que algunas obligaciones específicas iniciarán en marzo y junio de 2027, con el objetivo de permitir que los sujetos obligados adapten sus sistemas y procedimientos.
Otro cambio relevante será la implementación de auditorías anuales obligatorias. El primer periodo que deberá ser revisado comprenderá de enero a diciembre de 2028 y, en los casos considerados de alto riesgo, la evaluación deberá estar a cargo de un auditor externo independiente. Con estas medidas, Hacienda busca fortalecer la supervisión de actividades vulnerables, mejorar la información disponible para las autoridades y alinear las normas mexicanas con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
