El gobierno acordó fortalecer las acciones para atender a las mujeres víctimas de tortura sexual, especialmente a quienes se encuentran privadas de la libertad. Durante la Primera Sesión Ordinaria 2026 del Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual Cometida contra las Mujeres, instituciones de los tres órdenes de gobierno reafirmaron su compromiso de mejorar la atención, el acceso a la justicia y la reparación integral del daño.
En el encuentro participaron representantes de 13 instituciones federales, organismos autónomos e internacionales, integrantes de la sociedad civil y otras personas invitadas. Ingrid Gómez Saracibar, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias de la Secretaría de las Mujeres, destacó la importancia de coordinar los esfuerzos de las distintas instituciones para que las necesidades de las víctimas sean el centro de las acciones gubernamentales.
Como parte de los acuerdos, se elaborará un instrumento para identificar las necesidades de las mujeres víctimas de tortura sexual que se encuentran en centros penitenciarios. Este diagnóstico permitirá conocer las principales problemáticas que enfrentan y generar propuestas para mejorar sus condiciones, además de aportar información relacionada con el cumplimiento de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Las autoridades también señalaron la importancia de establecer una ruta de atención que defina con claridad qué acciones deben realizarse, cómo deben llevarse a cabo y a qué instituciones deben canalizarse los casos. Con ello se busca homologar los criterios de atención y facilitar el acceso efectivo a la justicia, los derechos y la reparación integral del daño para las mujeres afectadas.
