fbpx
Murillo karam

Quien fuera Procurador General de la República, está acusado por los probables delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia, en el caso ‘Ayotzinapa’

Despues de que personal policiaco de la Fiscalía General de la República, cumpliera la orden de aprehensión solicitada por la institución y otorgada por el Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte, en contra de Jesús “M”, quien fuera Procurador General de la República, los delitos por los que se le detuvo, son por desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia, en el caso “Ayotzinapa”.

La diligencia se llevó a cabo en el exterior del domicilio de dicha persona, sin ningún problema; ya que la misma colaboró con las autoridades policiacas sin oponer resistencia, una vez que se le informó sobre el procedimiento que se estaba llevando a cabo, se informó en un comunicado.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía para las certificaciones correspondientes; y enseguida será puesto a disposición de la autoridad judicial, en cumplimiento de la orden de captura señalada.

De acuerdo con la Ley General en Materiia de Desaparición Forzada de Personas, en su Artículo 34, se lee

Incurre en el delito de desaparición cometida por particulares quien prive de la libertad a una persona con la finalidad de ocultar a la víctima o su suerte o paradero. A quien cometa este delito se le impondrá pena de veinticinco a cincuenta años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días multa. Habría que esperar en qué grado compete al caso en específico.

De acuerdo con la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, en su ARTICULO 4o: A quien cometa el delito de tortura se aplicará prisión de tres a doce años, de doscientos a quinientos días multa e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos hasta por dos tantos del lapso de privación de libertad impuesta.

Aquí, el Código Penal Federal, en su Libro Segundo, Título Decimoprimero, contempla el capítulo Delitos Cometidos contra la Administración de Justicia, y detalla uno a uno todos los casos. Las sanciones se dividen en dos, de acuerdo con el delito en particular y puede ir de, en la primera opción a: pena de prisión de cuatro a diez años y de cien a ciento cincuenta días multa; en la segunda, se le impondrá pena de prisión de tres a ocho años y de treinta a mil cien días multa.

Estos son los delitos si se comprueba lo que hasta ahora debe manejarse como probable.