Uno de los pendientes en el Estado de Chiapas en cuanto a derechos humanos, es la aplicación de la Ley Estatal de Autismo que fue creada desde 2018, pero fue hasta septiembre de 2024 que se aprobó una reforma, y empezó a caminar de la mano de distintas instituciones que conforman el Comité Interinstitucional que es vigilado por familias de personas con autismo.
Este Comité se reúne cada tres meses para tratar proyectos y crear políticas públicas en beneficio de la comunidad con autismo. Sin embargo, todavía no hay un censo de cuántas personas con autismo viven en esta condición en esta entidad sureña.
Tampoco todos y todas las personas con autismo habían tenido en los últimos años, el acceso a la Educación, aunque hay escuelas privadas que ofrecen atención especializada, no todas las familias tienen el recurso para ingresar a sus hijos e hijas a este tipo de educación, y las escuelas públicas todavía no tienen personal suficiente, ni especializado.
“Cuando a nosotros nos dan el diagnóstico, íbamos a escuelas y no sabían cómo abordarlo”, sí se han hecho varias cosas una de ellas es la creación de un centro de atención para personas con espectro autista”, indicó Bárbara Zucker, madre de joven con autismo.
Varios municipios -en los últimos ocho años- han abierto estos centros de atención, lo que abrió oportunidades para familias cuyos hijos e hijas recibieran terapias de lenguaje, sensoriales y demás, pero no hay un seguimiento puntual a estas familias para saber si reciben toda la atención necesaria.
“Las escuelas, porque si bien están estos centros, y hay escuelas por parte de gobierno que se llaman CAM, los Centros de Atención Múltiple, es muy difícil que estas escuelitas aborden en sí el tema del autismo porque son otras condiciones las que manejan”.
La Ley Estatal de Autismo, ordenó cumplir algunos lineamientos con carácter urgente como la creación de un Censo Estatal de Autismo, para conocer cuántas personas viven con esta condición, para que la Secretaría de Finanzas otorgue recursos a las dependencias implicadas en las políticas públicas y empiecen a operar las mismas; personal capacitado en escuelas para el acceso a la Educación a toda persona con autismo.
Se han realizado reuniones de este Comité para el seguimiento, sin embargo, no todas las dependencias implicadas han acudido a este llamado, pese a que se trata de un ordenamiento, lo que representa una violación a la Ley Estatal de Autismo y a los derechos humanos de las personas con autismo.
La Ley Estatal de Autismo, se espera que avance en beneficio de cientos de familias que han luchado por los derechos de sus hijos e hijas. En un Estado que anteriormente no prestaba atención a sus derechos humanos.
Informa: Lizbeth Leyte
