El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, decretó el estado de excepción en todo el país y ordenó el despliegue de policías y militares tras más de seis semanas de protestas y bloqueos de carreteras. Las movilizaciones, encabezadas por grupos indígenas, campesinos y sectores afines al expresidente Evo Morales, exigen la renuncia del mandatario en medio de una profunda crisis económica y social.
La decisión se produjo apenas un día después de que el gobierno firmara un acuerdo de pacificación con la Central Obrera Boliviana para intentar poner fin a los conflictos. Sin embargo, organizaciones campesinas e indígenas rechazaron el pacto y mantuvieron los bloqueos, argumentando que sus demandas no fueron atendidas. La escasez de alimentos, combustibles y medicinas ha afectado especialmente a ciudades como La Paz y El Alto.
El estado de excepción tendrá una duración inicial de 90 días y permite al gobierno adoptar medidas extraordinarias para restablecer el orden y garantizar el abastecimiento de productos esenciales. Aunque las autoridades aseguran que la medida busca recuperar la normalidad y evitar un mayor deterioro económico, diversos sectores advierten que el uso de fuerzas militares podría incrementar la tensión política y social que vive Bolivia.
